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Postura

La ICR ha declarado que los estados modernos no están obligados por las Escrituras, credos, o principios para instituir la práctica de pena de muerte. Sin embargo, reconoce que las Escrituras reconocen el derecho de los estados modernos de instituir la práctica de pena de muerte si lo ejerce con máximo cuidado.

Un reporte de estudio adoptado por el Sínodo 1981 declara que “la pena de muerte debería . . . ser relacionado . . . solo a esas instancias excepcionales . . . a como son llamados por una amenaza substantiva a la fundación y a la estructura de una sociedad democrática libre y responsable, y por lo tanto para la seguridad y el bienestar del pueblo” y que la administración de justicia debería ser rodeada “con tales medidas de seguridad que tienden máximamente a preservar y a enaltecer la vida.” El reporte concluyó que “Dado que la vida humana es sagrada, que el magisterio es falible, que el momento para el arrepentimiento es deseable, y que el encarcelamiento normalmente satisface la demanda por la justicia . . . no es deseable que la pena de muerte sea rutinariamente infligido sobre personas culpables de asesinato en el primer grado.

Historia

En la década de los 70’s el tema de la pena de muerte estuvo bajo gran discusión en ambos, el mundo secular y el religioso. La ICR comenzó a estudiar el tema formalmente en 1976, y adoptó las recomendaciones del reporte de un comité de estudio en 1981. Ese reporte permanece como el estudio más actualizado sobre la pena de muerte en la ICR, y sus recomendaciones no han sido ni retados ni alterados en años posteriores.

Referencias a Las Agendas y Actas del Sínodo

Acts of Synod 1976, pp. 105-6, 668-74
Acts of Synod 1979, pp. 45-46, 137, 468-508
Acts of Synod 1981, pp. 72-73, 448-91